Los colectivos de madres buscadoras de Sinaloa denunciaron el 16 de septiembre de 2026 que siguen rastreando por su cuenta los puntos donde se reportan posibles restos, sin acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda. «No existe la Comisión de Búsqueda cuando nos denuncian algún punto para ir a buscar», dijo la activista Rosa Neris, quien añadió que son las familias las que consiguen los recursos para trasladarse.
La queja tiene antecedente documentado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró desde 2025 que los colectivos de la entidad planteaban como demanda prioritaria equipo, vehículos, alimentos y seguridad durante las jornadas de campo, según El Sol de Sinaloa. En junio de 2026, la vocera de Por las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez Carrizales, declaró a Debate que «solamente tenemos derecho a un suero por persona» en cada búsqueda.
El contexto es de riesgo sostenido. En agosto de 2026, Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida y con más de 17 años de activismo, resultó herida de bala en un ataque armado en Culiacán. Las buscadoras sostienen que la falta de vehículos, personal y combustible las obliga a entrar a brechas, cerros y predios sin condiciones de seguridad.
Los datos disponibles describen una brecha entre lo que las autoridades reportan y lo que ocurre en campo. En junio de 2026, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se refirió a nueve colectivos en la entidad; la vocera de Por las Voces Sin Justicia respondió que «no somos nueve colectivos, somos más de treinta y tantos en todo Sinaloa». La lideresa de Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, Reynalda Pulido Chavira, declaró a Noroeste en mayo de 2026 que «desde el 2025, las búsquedas no se están realizando» y que las familias costean gasolina, casetas, alimentos y agua.
Lo que sigue está en manos de la Comisión Estatal de Búsqueda. Los colectivos piden una mesa de trabajo con la comisionada Karina Elizabeth Márquez Calderón y un equipo de reacción que salga el mismo día en que se recibe un reporte. Sin eso, cada aviso se traduce en una salida que las familias pagan.
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